A 45 días de la renuncia de Javier Jiménez Espriú por su desacuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa de reformas para quitar a la Secretaría de Comunicaciones el control de puertos y entregar su total administración a la Secretaría de Marina.

Con una amplia propuesta de diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de Puertos, que llevó este martes a la tribuna la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Juanita Guerra Mena, de Morena, “se propone reasignar potestades que de origen formaban parte del catálogo facultativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que ahora serán parte de la Secretaría de Marina como entidad competente”.

En muchas otras facultades que deja la SCT y tendrá la Marina destacan “otorgar permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones y transportes por agua con embarcaciones o artefactos navales; adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua”.

Además, “administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, así como otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios; fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes por agua y las tarifas para el cobro de los mismos”.

Luego de que el presidente López Obrador dijo, el pasado 23 de julio, que “por la corrupción que prevalece en los puertos, en las aduanas y últimamente también por la entrada de contrabando y droga por los puertos, necesitamos de buena administración, requerimos de seguridad y de protección en los puertos y se requiere del apoyo de la Secretaría de Marina”, la propuesta de Morena argumenta que “se ha dificultado el ejercicio eficiente de la Autoridad Marítima Nacional, como ente supremo en la materia, al permanecer determinadas atribuciones relacionadas con la protección y seguridad marítima en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.

Lo anterior -subraya- “ha traído como consecuencia que exista una ambigüedad en las leyes y reglamentos de salvaguarda marítima-portuaria, lo que se convierte en una preocupación latente para la administración pública federal pues, de seguir así, no se cumplirían los objetivos para los que se dispusieron los métodos organizacionales impuestos a México por los ordenamientos nacionales y los compromisos internacionales”.

“Resulta necesario concentrar todas aquellas atribuciones en la Secretaría de Marina, a fin de estar en total posibilidad de responder a las exigencias que el país y la comunidad marítima requieran”, anota.

Para ello “se propone reasignar potestades que de origen formaban parte del catálogo facultativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que ahora serán parte de la Secretaría de Marina como entidad competente”, señala.

Comunidad Portuaria

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