Luego de que se dio a conocer que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación sobre las condiciones de competencia en el servicio de transporte marítimo en Quintana Roo, la diputada federal Adriana Teissier Zavala, aseguró que llevarán el asunto hasta las últimas consecuencias hasta que se garantice un servicio de calidad que privilegie la necesidad de traslado de los habitantes de las islas del estado y de todo el país.

En entrevista, la diputada originaria de Cozumel, dijo que de hecho ya ingresó desde mayo pasado una iniciativa a la comisión de Marina de la Cámara de Diputados que propone reformar el artículo 42 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, ante la necesidad social de convertir el servicio de transporte interno o de cabotaje en servicio público.

“El servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta, de la administración pública activa o autorizada a los particulares, que ha sido creada y controlada para asegurar de una manera permanente, regular, continua y sin propósitos de lucro la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general sujeta a un régimen especial de derecho público”, se lee en la iniciativa ingresada.

Se expone además que tal como sucede actualmente en el cruce marítimo entre Playa del Carmen y Cozumel, “al ser controlado por empresas particulares y no reguladas bajo el régimen de servicio público, las empresas tenderán de forma natural a maximizar sus utilidades mismas que no pueden ser limitadas, de forma tal que permiten abusos a los usuarios, tanto en tarifas como en calidad de servicio”.

Se añade que en ese caso “el servicio es proporcionado de manera redundante, es decir, salen dos empresas a la misma hora con capacidades ociosas y no es posible organizarlas por ejemplo, para que salgan en horarios escalonados para aumentar las frecuencias y distribución de estos horarios, lo cual genera una gran ineficiencia en el servicio.

“Por lo tanto, el exceso de oferta en estos servicios sólo lleva invariablemente a que el costo de proporcionar el servicio se eleve y por lo tanto, los usuarios tengan que afrontar el costo de esta ineficiencia, como ejemplo se tiene que en los puertos de Isla Mujeres y de Cozumel el promedio de ocupación de las embarcaciones (acorde a su tamaño) es del 40 por ciento. Esto implica que 60% de los asientos van vacíos”.

Teissier Zavala expuso que derivado de este análisis que se expone en la iniciativa, la propuesta de que el transporte marítimo sea considerado de interés público podría derivar ya sea en la regulación de las tarifas o en la creación de subsidios para una nueva opción de transporte cuyo principal objetivo sea abaratar los costos de traslado principalmente de los residentes de las islas del país, quienes están cautivos actualmente de los abusos de las navieras privadas que operan este servicio en los puertos de cabotaje del país.

El pasado martes, la Cofece dio a conocer que la investigación que inició sobre las condiciones de competencia en el cruce Playa del Carmen-Cozumel “resulta necesaria para que, de detectarse la ausencia de condiciones de competencia efectiva, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como autoridad del sector de transporte marítimo, detone un proceso de regulación en dicho mercado, por ejemplo, el reglamentar tarifas o definir reglas de acceso entre competidores a la infraestructura, entre otros”.

El Economista

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