El Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, dio a conocer el “Programa Integral para la Seguridad en los Puertos”, con el fin de evitar el robo de combustible y la evasión fiscal, entre otras actividades ilícitas en los recintos portuarios nacionales.

Las operaciones en el puerto de Tuxpan, Ver. iniciaron durante el mes de diciembre de 2019, cuando la Unidad de Inteligencia Naval encontró que existían malos manejos en la descarga de combustible en el interior de su recinto portuario. Esta investigación llevó a descubrir una presunta evasión fiscal en el trasvase de combustible diésel importado por una agencia naviera en dicho recinto.

Es así que la Secretaría de Marina, en coordinación con otras dependencias del Gobierno Federal que ejercen autoridad en el interior de los recintos portuarios, integró una Mesa de Coordinación de Puertos (MCP) en la que participa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y de las Administración Portuaria Integral (API) de cada puerto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Administración General de Aduanas (AGA), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), entre otras dependencias que se suman de acuerdo a la actividad ilícita que pudiera detectarse.

Estos trabajos revelaron que, a dicho puerto arribaban entre dos y tres buques con combustible diésel, el cual era descargado en pipas para posteriormente ser distribuidos al interior del país. La Unidad de Inteligencia Naval averiguó que existía una gran evasión fiscal ya que estas pipas eludían intencionalmente pasar por la ruta fiscal de la aduana de Tuxpan con el combustible importado.

De esta forma, un buque descargaba aproximadamente 322,000 barriles de combustible diésel y únicamente pagaba en promedio 50 millones de pesos por concepto de impuestos por cada operación de este tipo. Con este trabajo de la inteligencia naval, se formalizaron acciones en el interior del puerto para controlar la evasión fiscal, logrando que un buque cargado con 200,000 barriles de combustible diésel, pagara alrededor de 250 millones de pesos en una sola operación.

Adicionalmente a las acciones realizadas en dicho puerto veracruzano, también se efectuaron visitas operacionales a los recintos portuarios de Manzanillo, Colima y Altamira, Tamaulipas.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina refrenda el compromiso de trabajar en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, para combatir las actividades ilícitas en los recintos portuarios con los recursos que le provee la ley, siempre en estricto apego a los Derechos Humanos.

Comunidad Portuaria

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