La liberación de los derechos de vía para un proyecto de infraestructura debe llevarse a cabo con dos años de anticipación, para evitar que se detenga la obra, como es el caso del Tren México-Toluca.

De acuerdo con el especialista Carlos de la Fuente Herrera, la planeación, la visión multidisciplinaria y el desarrollo del proyecto, son elementos imprescindibles para liberar los derechos de vía y reducir el grado de conflicto en la ejecución de las obras.

Por lo que el gran reto es cambiar la visión, apelar a las mejores prácticas y luchar contra la corrupción, problema de fondo que ha paralizado proyectos que benefician al país, dijo durante su encuentro con el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

Cabe mencionar, que de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Tren México-Toluca, proyecto del anterior gobierno, registra diversos problemas con los contratistas en el tramo de Santa Fe a la Ciudad de México, así como en la liberación del derecho de vía.

En este sentido, el especialista reiteró que los estudios para liberar los derechos de vía, deberían hacerse con dos años de anticipación, porque a diferencia de otros tiempos, cuando todo se resolvía con el poder y sobre la voluntad de los tenedores de las tierras, actualmente se negocia antes de construir.

“No es algo tan simple, como decir: vamos a comprarle un terrenito al ejidatario. La realidad es que el derecho de vía en México no ha tenido un desarrollo académico y gremial que debería”, comentó.

Por ello, sugirió al CICM, crear un nuevo Comité de Derechos de Vía, y de manera paralela, buscar un acercamiento con International Right of Way Association (IRWA), asociación que ofrece capacitación profesional en todas las disciplinas del derecho de vía (o de paso) con las adecuaciones necesarias en cada país.

Consideró que lo escrito sobre el derecho de vía en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es muy deficiente en términos del deber ser y muy distante de la práctica.

“Prevalece la creencia de que los derechos de vía (el terreno que se necesita para construir infraestructura) se van arreglando en el camino, lo cual es una mentira. Todas estas circunstancias, advirtió, explican casos como la construcción de la carretera Chamapa–Lechería con una casa en medio o la parálisis del Tren México-Toluca”.

“Antes la gente decía orgullosa, gracias a mí, esta obra se construyó; ahora es al revés: Gracias a mí no se hizo”, mencionó de la Fuente Herrera.

Mencionó que los problemas legales en una obra involucran el derecho de vía y han frenado el desarrollo de la infraestructura, en el caso de México es la tierra social, el ejido y la propiedad.

Esta es la razón, explicó, de que el Gobierno mexicano tiene una deuda por tierras afectadas y su proporción alcanza un monto tan grande, que el presupuesto de egresos de todo un año no alcanzaría para pagarla, ya que existen litigios que datan del año 1926.

Destacó que con la reforma energética sí se pudo cambiar la visión y lo que se debe pagar por concepto de derecho de vía, depende del proyecto y no del mercado, “lo que es una garantía de que no les van a pagar por debajo de su precio”, destacó.

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