Para los conocedores en los asuntos marítimo-portuarios resulta ocioso entrar a la discusión sobre la conveniencia y factibilidad del traslado operativo de las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina-Armada de México, conscientes de que la temática no se circunscribe a un mero manejo administrativo, sino que conlleva la idea de mejora obligada en la supervisión y control de actividades, ante posibles vicios, irregularidades, prácticas desleales y otros pormenores, finalmente señalados como un asunto de “seguridad nacional”.

Por supuesto, tampoco se trata de quitar meritos a lo vigente o minimizar sus avances en procesos y procedimientos estructurales que han sido realmente exitosos. 
Debe entenderse que las Capitanías de Puerto interactúan y enfrentan problemas múltiples y simultáneos con todos los involucrados en el subsector, ya que por un lado son los responsables del arribo seguro de naves a los puntos respectivos, y por otro de la supervisión y regulación de las instancias de carga y descarga, el flujo eficaz de mercancías, y en su caso, el resguardo de éstas y sus respectivos contenedores. 
Más aún, adquieren alto grado de responsabilidad cuando cualquiera de los subprocesos y subprocedimientos en los que participan falla o se retrasa por aspectos inherentes al puerto.
En contraste, si el Capitán de Puerto tolera cualquier omisión o error, u otorga preferencia alguna a empresas o entes participantes en esas actividades, se expone a denuncias públicas, administrativas y, eventualmente, penales, so pretexto de actos de corrupción, colusión y tráfico de influencias.
Al final, las Capitanías de Puerto requieren un nuevo marco normativo que dé certidumbre jurídica a su actuación, protección a los embates mediáticos y críticos por su observancia o apego irrestricto a procesos y procedimientos, y una mayor autonomía en relación a otras instancias involucradas en el sector.
Paralelamente, otra vertiente de opinión orienta sus versiones sobre la necesidad de regresar las Capitanías de Puerto a la SEMAR por motivos de seguridad pública, lo cual constituye una agravante a la condición vigente, ya que confirma la imaginaria de una alta filtración y vulnerabilidad institucional, obligada o no, que pone en duda la conducta ética de los responsables actuales. 
Habría que revisar una postura crítica que advierte (nuevamente) que el retorno de las Capitanías de Puerto a la SEMAR es una muestra más (raya al tigre) del involucramiento de las Fuerzas Armadas en las labores de control y seguridad pública.
El sólo hecho de reconocer que en meses recientes en el estado de Zacatecas se designó a un Militar en la Secretaría de Seguridad Pública, en Tamaulipas a un Marino en la misma posición, y en la región de Coatzacoalcos a otro (azul) para coordinar las actividades en la materia, da cuenta del traslado de facto de la responsabilidad que tienen ahora las Fuerzas Armadas, que progresivamente se incorporan y asumen actividades civiles de Seguridad y Justicia.
Con esta transferencia de funciones, los Capitanes de Puerto deben ser seleccionados con un criterio político y administrativo, que les permita convivir sanamente con las empresas e instituciones participantes en el ramo, ante un riesgo natural que supone que posturas radicales podría alejar el arribo de naves y empresas que hoy generan derrama económica a las zonas marítimas y portuarias.
Como remate, debemos entender que las Capitanías de Puerto son instancias operativas y administrativas al mismo tiempo y su conducta tiene trascendencia política y social, incluso a nivel internacional, por ello es necesario que a los funcionarios designados se les blinde con unidades e informaciones de inteligencia, así como operadores políticos que hagan frente o sirvan de puente con otros entes, por lo menos en los primeros meses tras su designación.

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