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Infraestructura, necesaria para el funcionamiento de las ZEE

Fuente: El Economista
6 de diciembre de 2017
La infraestructura es una de las prioridades de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) del país, y a pesar de que se destinan menos recursos federales en la materia para el próximo año, éstas avanzan en su funcionamiento y en la llegada de inversionistas.

En el Paquete Económico del 2018, a siete proyectos de infraestructura se asignaron 1,497 millones de pesos, cifra de la que se contempla autorizar a la Administración Portuaria Integral (API), para la utilización de recursos propios, el financiamiento de cuatro proyectos por 255.1 millones.

No obstante, la suma de los montos anteriores está lejos de los 7,324.8 millones de pesos (30 proyectos) que se necesitaban, de acuerdo con cifras de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Senado de la República.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2017 se destinaron 1,915.4 millones de pesos para nueve proyectos en las ZEE de infraestructura; adicionalmente se aprobó que cinco proyectos portuarios fueran financiados con excedentes de las API por 417.6 millones. Al comparar los totales del 2017 y del 2018, la reducción de recursos asignados es de 24.9 por ciento.

“La parte de infraestructura es uno de los grandes retos, las zonas están en lugares logísticos y estratégicos (...) el sur-sureste ha tenido décadas de carencia de infraestructura”, aseguró Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la AFDZEE.

Al realizar una evaluación de los avances en la puesta en marcha de las zonas económicas, manifestó: “Estamos promoviendo que se haga infraestructura en ferrocarriles, gas, puertos y carreteras, principalmente (...) hemos trabajo mucho con la autoridad ferroviaria del país para hacer una proyección de largo plazo, estamos trabajando con puertos para darles más capacidades, sobre todo los de mayor atraso: Salina Cruz, Puerto Chiapas y Coatzacoalcos”.

Enfatizó que “el Estado mexicano tiene que hacer un esfuerzo adicional para hacer mayores proyectos de infraestructura en las ZEE”, aunque, añadió, la participación del sector privado en este rubro de algunas zonas ronda entre 60 y 70 por ciento.

Gutiérrez Candiani adelantó que para los administradores integrales privados (compañías anclas), en el polígono ampliado, en este mes ya van a tener los lineamientos y, a partir de enero, se darán los permisos correspondientes para que las firmas se instalen, “¿qué tiempo? Por lo general son 24 meses lo que tarda una empresa desde el inicio de la construcción hasta la puesta en marcha”.

Es decir, al inicio del 2018 se registrarán en las Zonas Económicas Especiales inversiones, cimentaciones y contratación de mano de obra.

El titular de la AFDZEE señaló que hoy en día se tienen tres zonas declaradas: Lázaro Cárdenas-La Unión, Coatzacoalcos y Puerto Chiapas; dos aprobadas por la Comisión Intersecretarial: Salina Cruz y Puerto Progreso, que se espera sean decretadas antes de que concluya el 2017, dependiendo de la agenda presidencial.

“Estamos por entrar en una tercera sesión de la comisión para la aprobación de Tabasco y Campeche, este corredor energético, y la posibilidad de que Puebla sea aceptada. Así, podríamos concluir con ocho zonas en este primer proceso. La que nos faltaría para el primer trimestre del siguiente año, en los 10 estados que tienen posibilidad, sería Hidalgo”, dijo.

Hay compromisos de inversión de alrededor de 6,800 millones de dólares, expresó, que se prevé se concreten en los próximos dos años, que representarían la creación de 19,753 empleos.

Se tienen cartas compromiso de inversión por: 4,519 millones de dólares en Lázaro Cárdenas-La Unión que permitirían la generación de 3,550 trabajos, en Puerto Chiapas se prevén 157 millones y 1,527 puestos, y en Coatzacoalcos se estiman 760 millones que detonarían 10,456 empleos.

En la zona de Puerto Progreso se consideran inversiones del orden de 216 millones y 1,126 millones en Salina Cruz, que permitirían crear 3,600 y 620 fuentes de empleo, respectivamente.



El Economista

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